Noticias

Permiten que se explote una mina junto a un abrigo rupestre

El Tribunal Supremo permitirá la explotación de una mina en un paraje natural de Villarluengo donde se han descubierto valiosas pinturas rupestres al anular dos resoluciones de la consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón.

Cuando se supo de la importancia de los abrigos rupestres, conocidos como El Cantalar I y El Cantalar II, la DGA retiró la licencia de explotación y anunció que los conjuntos serían declarados Bien de Interés Cultural (BIC). La consejería consideró «incompatible» la extracción de mineral con la protección del entorno de los murales. No obstante, el Gobierno de Aragón ha tardado cinco años en iniciar la tramitación del expediente BIC por lo que los adjudicatarios han empleado esta demora para ganar la batalla judicial.



La Dirección General de Energía y Minas autorizó el 13 de marzo de 2006 la extracción de caliza ornamental en una superficie de 6,2 hectáreas situada al este del Risco de Peñarroya, en el término de Villarluengo. La concesión fue por 30 años y prorrogable. Entre otras condiciones, incluía que antes de empezar a extraer material se hicieran prospecciones arqueológicas y sistemáticas. Fue gracias a ellas que se halló el abrigo rupestre de El Cantalar I en 2007. En una fase posterior de prospecciones, se produjo un nuevo hallazgo a tan solo 35 metros al sur de la primera cueva. Se encontró un friso rocoso de varios paneles de grabados geométricos de esquilo esquemático y posible cronología medieval.

La arqueóloga del Servicio de Prevención y Patrimonio Cultural emitió un informe con fecha de 15 de octubre de 2007 destacando el gran interés del abrigo de pinturas que se había descubierto en ese momento. Asimismo, recordaba que había que delimitar el entorno de protección para su publicación en el Boletín Oficial de Aragón. Un mes después, el por aquel entonces viceconsejero de Educación y Cultura, Juan José Vázquez, dictó una resolución que impedía a la empresa seguir adelante con la explotación minera.

Ante ello, los adjudicatarios alegaron ante la Sala de Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón después de que su recurso fuera rechazado. El tribunal aragonés les otorgó la razón.

No se delimitó el arte rupestre

Cuando presentaron el recurso contencioso-administrativo contra la DGA, la empresa aseguró que ellos cumplieron con lo marcado e impulsaron las prospecciones arqueológicas en el Cantalar. En cuanto a los bienes localizados, afirmaron que ninguno de ellos se encuentra dentro de la zona afectada por la explotación minera y que, no obstante, la administración no había cumplido con su obligación de delimitar el entorno exacto de protección. Este argumento fue trascendental a la hora de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón se pronunciara. El TSJA recordó alejecutivo aragonés que que al no salir el expediente a información pública, los particulares afectados no pudieron presentar sus alegaciones y defender sus intereses.